Charles Louis Secondat, barón de la Breul et de la Montesquieu, nació en 1689, inició sus estudios con los oratorianos de Juilly, cerca de París, para luego estudiar leyes en Burdeos.

Representante destacado del iluminismo, analizó las distintas formas de gobierno, monarquía, república y despotismo, basado en el método inductivo y comparativo, propio de las ciencias naturales, destacando la influencia de la geografía y hasta del clima en las formas de gobierno.

El mismo año de su nacimiento, el Parlamento inglés, estableció una monarquía parlamentaria en Inglaterra, mientras que en Francia, su país de origen, no parecía querer resignarse al absolutismo monárquico. Vivió, partir de 1729, tres años en Inglaterra, lo que fue decisivo para la elaboración de su teoría.

En 1721, había escrito “Cartas persas”, donde expuso en forma satírica, las condiciones sociales, políticas, religiosas y literarias de la época, criticando a sus exponentes.

Como medio de proteger al individuo de los excesos del poder, ya que, según su teoría, todo el que posee el poder tiende a abusar del mismo, reconociendo como paradoja, que la misma virtud necesita límites, expuso en su obra “El espíritu de las leyes”, publicado en Ginebra en 1748, la división de poderes, como mecanismo para poner límites al abuso de poder, evitando su concentración.

Sostenía que “cuando los poderes legislativos y ejecutivos se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas, para ejecutarlas del mismo modo”.

En la obra citada, establece, además una relación entre libertad y ley, afirmando que en una democracia, habrá realmente libertad cuando el poder de decisión del individuo, encuentre como único límite, lo establecido por la ley, en beneficio de los demás. Si no existiera el límite del bien común impuesto por la ley, un individuo avasallaría el derecho de otros, y estos a los del primero, no existiendo libertad para nadie.

Las leyes naturales y las positivas, no son opuestas, sino complementarias, ya que las leyes son una necesidad impuesta por la naturaleza y por la sociedad.

Su obra recibió la crítica de los jansenistas y los jesuitas, publicando en 1750, “La defensa del Espíritu de las Leyes”. La crítica se centraba en postura de que tanto el orden natural, el social y el divino, estaban sujetos a leyes.

Falleció en 1755.

En la historia nada es casual, un hecho es la consecuencia inevitable de otros que le precedieron. La Revolución francesa, si bien tuvo otras causas, no hubiera sido posible, sin la presencia del iluminismo, que poniendo luz sobre el oscurantismo de la Edad Media, época en que se impedía pensar libremente, se alejó de las creencias religiosas para explicar el mundo y sus acontecimientos, para hacerlo a la luz de la razón.

El iluminismo tampoco hubiera existido de no haber precedido un debilitamiento del poder de la Iglesia, a causa de la reforma protestante que dividió al mundo cristiano en católicos y protestantes y del humanismo, movimiento filosófico que centró en el hombre el objeto de las preocupaciones terrenales, quitando a la religión ese privilegio.

Los filósofos iluministas, basados en el modo de conocimiento de la naturaleza, explicaron del mismo modo, los fenómenos políticos y sociales, dando origen a una crítica revolucionara del sistema institucional vigente en esa época, al que calificaron de irracional y contrario a la naturaleza, en múltiples aspectos, como la investidura del monarca como ser dotado por Dios de un poder absoluto y las diferencias sociales, amparadas legalmente en una sociedad jerarquizada.

Tomando las ideas de Isaac Newton, aplicaron a otros campos, la metodología de la física. El método científico, que incluye las técnicas de la observación, la experimentación y el análisis, fue utilizado para explicar la realidad cultural.

Todo fue objeto de análisis y discusión, surgiendo así, producto de una reflexión conciente, un Estado distinto, el Estado liberal, que incluye un modo de organización política, social y económica, diametralmente opuesto al absolutismo monárquico.

Sentaron la idea de la existencia de los derechos naturales, que son aquellas facultades, intrínsecas al individuo, como el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, etc., que nacen con la persona, y que el Estado no otorga, sino que debe reconocer y garantizar.

La ley, basada en la razón, debía establecer derechos y obligaciones para todos, gobernantes y gobernados, y serían éstos los que decidirían quiénes ejercerían el mandato del Estado, con poderes limitados en el número y en el tiempo.

En Francia se destacaron las ideas de Charles Louis Secondat, Barón de la Breul et de la Montesquieu, quien sentó la tesis de la división de poderes, como garantía de control y para evitar el abuso de los gobernantes.

Otro gran iluminista fue Jean Jacques Rousseau, que elaboró la teoría del contrato social, para explicar la existencia del Estado, por la cual los individuos resignan ciertas libertades, en pos de la voluntad general, pero sin renunciar definitivamente a su poder de mando. El Soberano debía ser el pueblo y no el monarca.

Por su parte, Voltaire, defendió la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa, atacó los privilegios del clero y la nobleza, y enalteció el trabajo de la burguesía frente al ocio de la aristocracia.

En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, emanada de la Asamblea Nacional en 1789, en el apogeo de la Revolución Francesa, se evidencia la influencia de estas ideas democráticas.

En la Asamblea Nacional existían dos sectores, ambos pertenecientes a la burguesía y coincidentes en la lucha contra el rey, la nobleza e imponer los principios liberales, pero distanciados con respecto a sus intereses y los medios para lograr sus objetivos.

Los empresarios y grandes comerciantes que integraban la gran burguesía, llamados girondinos, por provenir de una zona situada al sur de Francia, denominada Gironda, eran moderados, contaban con el apoyo de las provincias y consideraban prudente hallar un acuerdo con la monarquía y la nobleza, limitando el poder real, pero sin permitir el derecho a voto a las clases pobres, que no pagaban impuestos. La razón era el temor de este sector burgués, que había alcanzado gran prestigio, de perder sus privilegios por obra de los movimientos populares.

El otro sector, era el de los jacobinos, nombre proveniente de sus reuniones en el convento de la orden de los jacobinos, extremistas, duros y muy bien organizados, respaldados por el Consejo y el pueblo de París. Estaba principalmente integrado por profesionales y modestos propietarios que querían abolir definitivamente la monarquía y proclamar una República democrática, con derecho a voto para todas las clases sociales.

El primer sector se colocaba para deliberar, a la derecha en la Asamblea, el segundo, a la izquierda, y de allí proviene la posterior división entre partidos de derecha y de izquierda, según sean conservadores en su accionar político o propongan medidas tendientes a cambios profundos y violentos.

Los girondinos se consagraron triunfantes en octubre de 1791, cuando la Asamblea, por poseer mayoría entre sus miembros, sancionó la primera constitución, que imponía una monarquía parlamentaria, donde los miembros del Parlamento serían elegidos por las clases adineradas. El Rey continuaba en el poder con límites en sus atribuciones.

Sin embargo, esta situación varió sustancialmente entre 1792 y 1794, cuando los jacobinos, con ayuda de los Sans Culottes, trabajadores urbanos, tomaron el poder e impusieron el terror.

Liderados por Maximilien Robespierre y Danton, crearon tribunales populares que juzgaban y condenaban a muerte a todos los opositores de la revolución: el Rey, María Antonieta, sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados, aunque luego, los propios líderes revolucionarios corrieron la misma suerte al ser acusados y condenados por aspirar a una dictadura personal.

El 14 de julio de 1789, el pueblo de París, movilizado en apoyo a la Asamblea Nacional, tomó por asalto la Bastilla, y luego la destruyó.

Era una vieja fortaleza que Luis XIV había convertido en prisión, donde se detenía a los opositores del régimen monárquico.

Además se almacenaban allí, granos, sobre todo harina, circunstancia que la gente aprovechó para saquear, aprovisionada con armas de diversos regimientos y con la furia del hambre que los aquejaba, debido al fracaso de la cosecha del año anterior, los tributos que habían aumentado, el diezmo que debían abonar a la iglesia, y el pago que debían hacerle al Señor local por el uso del molino, la prensa de lagar, el matadero y el horno.

En ese momento, sólo había siete prisioneros, que fueron liberados, y mataron al gobernador, el Marqués Bernard de Launay, lo que no significó un gran logro político-social, pero fue suficiente, para que este acontecimiento, significara un símbolo de los revolucionarios contra el despótico poder real.

A partir de entonces, cundió la agitación social por toda Francia, atacándose propiedades privadas, a cobradores de impuestos y a latifundistas, no limitándose, por lo tanto, a la lucha contra la Corona.

Aunque pueden considerarse causas económicas y sociales, que contribuyeron a su desencadenamiento, el cambio que generó fue de tipo político, ya que significó la lucha contra el absolutismo monárquico, sistema político que unificaba todo el poder del estado en la figura del soberano, que justificaba este poder despótico, como proveniente de Dios.

En el marco de una sociedad jerarquizada, compuesta por tres estados, el primero: el clero (miembros de la iglesia), el segundo: la nobleza, y el tercero: el estado llano o tercer estado, compuesto por la mayoría de la población que no integraba los dos primeros (burgueses, profesionales, empleados, mendigos, etc.), significó el despertar de una clase marginada políticamente, pero que había cobrado notoriedad gracias a la acumulación de ganancias, producto de las fábricas que habían surgido con la Revolución Industrial. Este sector era la burguesía, que integraba el último de los estados, pero que se diferenciaba del resto de sus componentes, por su capacidad económica, y por ser los únicos que solventaban los gastos del estado francés, a través del pago de impuestos, del que estaban eximidos los otros dos estados (el clero y la nobleza), que constituían clases privilegiadas.

Las ideas iluministas, desarrolladas en este período por filósofos como Montesquieu, Rousseau o Voltaire, habían sembrado la semilla de la rebeldía contra el poder dictatorial del rey. A partir de considerar a la razón y no a la fe, como fuente de conocimiento, poniendo luz al oscurantismo propio de la Edad Media, donde la gente sólo podía pensar de acuerdo a las creencias bíblicas, aparecieron ideas como las de poder del pueblo, contrato social entre el pueblo y sus dirigentes, igualdad y división de los poderes del estado.

Estas ideas iluministas, hicieron sentir su influencia sobre los burgueses, llamados así porque vivían en los burgos o ciudades, que habían alcanzado poder económico y por lo tanto, querían adquirir también participación política.

Estando Francia ante una crisis económica, el rey decidió imponer nuevos impuestos. Conocedor de la situación de agitación existente entre la burguesía, no quiso poner en riesgo su poder, y decidió esta vez, que fueran los nobles los que abonaran la nueva carga forzosa. Estos, acostumbrados a la situación privilegiada, que habían mantenido hasta entonces, exigieron al rey la convocatoria a los estados generales, reunión de los tres estados, para resolver asuntos de importancia, con la convicción de que puesta a votación la implementación de estos impuestos, serían desechados. Su certeza se basaba en que en los estados generales, se votaba por estado y no por cabeza o por persona, de este modo, tanto la nobleza como el clero se opondrían, ya que no querían renunciar a sus privilegios y sólo el tercer estado los aprobaría, ya que por fin, no les correspondería a ellos soportar el gravamen. Por lo tanto los votos serían dos contra uno, a favor de la no imposición de impuestos a la nobleza.

Sin embargo, la burguesía, conocedora de esta situación, exigió que se votara por cabeza y no por estado, ya que de ese modo, al ser muchos más los integrantes del tercer estado, obtendrían la victoria.

Al no lograr que hicieran lugar a su pedido, los burgueses se separaron de la reunión de estados generales, para formar su propia reunión, a la que denominaron Asamblea Nacional.

El 20 de junio de 1789, los representantes del tercer estado juraron mantenerse unidos hasta lograr el establecimiento de una constitución.

El 14 de julio de 1789, el pueblo de París, realizó la toma de la Bastilla, una vieja fortaleza donde se encarcelaba a los opositores del rey, y se apropió de la harina que allí se almacenaba. No fue un gran logro, ya que allí sólo había en ese momento siete prisioneros, pero se convirtió en un símbolo de la lucha contra el poder real.

El 4 de agosto de 1789, los diputados reunidos en la Asamblea Nacional abolieron legalmente el orden feudal, los privilegios de la nobleza y del clero y los tributos personales que los siervos debían entregarles. A partir de este momento, los nobles deberían pagar impuestos.

Entre el 20 y el 26 de agosto de 1789, se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por parte de la Asamblea Constituyente francesa, aceptada por el Rey de Francia el 5 de octubre de 1789. En ella, se establecía la igualdad de los ciudadanos ante la ley y aseguraba la libertad de comercio y la propiedad privada. Estas ideas concretaban los ideales revolucionarios que eran los de libertad, igualdad y fraternidad.

Dentro de la Asamblea se distinguían dos grupos: el de la burguesía más adinerada, llamados girondinos, que tenían ideas moderadas, o sea, los cambios que proponían eran limitar el poder real, sin quitarle totalmente el mando y que el derecho a voto no alcanzara a los ciudadanos más pobres; y el de los jacobinos, burgueses profesionales o pequeños comerciantes, que querían eliminar la monarquía y establecer una república democrática con voto igualitario y para todas las clases sociales.

La Constitución dictada el 3 de septiembre de 1791, consagró el triunfo de los girondinos, pues estableció un gobierno monárquico parlamentario y consagró el derecho a voto sólo a aquellos ciudadanos que pagaran impuestos.

En 1792, Francia debió enfrentar conflictos bélicos con Austria y Prusia, que sentían sus monarquías amenazadas, por las nuevas ideas democráticas que habían surgido con la revolución.

Entre 1792 y 1794, los jacobinos llegaron al poder, y para establecer sus ideas, impusieron un gobierno de terror que comenzó con la decapitación del rey y su familia y continuó con la de todos los opositores a la revolución.

En 1794, los jacobinos fueron desplazados del gobierno, y éste fue asumido por un Directorio, que sólo admitió el derecho a voto a las clases adineradas.

En 1799, el poder fue asumido por Napoleón, quien se coronó emperador en 1804. Dictó el Código Civil, con principios liberales y desarrolló el capitalismo.

La derrota de Napoleón en 1815, por parte de Rusia, Austria y Prusia, que habían conformado la Santa Alianza, motivó que la monarquía recobrara el poder perdido en el estado francés.