La España de la conquista era religiosa, y entre sus fines primordiales figuraba la evangelización de los nativos, y la vigencia de la fe católica en los territorios conquistados, como un asunto de estado. Ya había probado España su fidelidad cristiana con la Reconquista de Granada.

En el año 1493, entre los meses de abril y septiembre, los reyes de España y sus sucesores recibieron la donación de las tierras conquistadas y por conquistar en occidente, por parte del propio papa Alejandro VI, con el cargo de evangelizarlas.

Las instituciones religiosas en América dependían por el Real Patronato Indiano, otorgado por el Papa Julio II, en el año 1508, de la corona española, que tomaba intervención en la designación de las autoridades religiosas y sostenía el culto económicamente, pagando sus servicios a los religiosos y construyendo iglesias y catedrales. También contaba con donaciones de los fieles y los diezmos. Estos últimos eran una contribución forzada, impuesta a los fieles, consistentes en un 10 % de su producción agropecuaria destinada a solventar los gastos religiosos. En América el ejercicio del Real Patronato lo ejercía el Consejo de Indias, con residencia en España. O sea, que la autoridad civil y religiosa se unificaban en el estado español, por propia concesión papal.

Aproximadamente fueron 110 religiosos los que llegaron anualmente a tierras americanas a cumplir su misión evangelizadora, que podía incluso incluir la fuerza en caso de guerra justa, tesis sustentada por Francisco de Vitoria, perteneciente a la orden de los dominicos, que la consideró como recurso extremo, en casos de defensa propia, con buena intención y para impedir males mayores, como lo eran los sacrificios humanos.

Para designar a los miembros de la iglesia, el Consejo de Indias, presentaba tres candidatos al Rey, que a su vez se los elevaba al Papa, en el caso de los cargos mayores. En el caso de los cargos menores, la terna la presentaba el Obispo de la diócesis, en este caso al Virrey, al presidente de la Audiencia o al gobernador, que decidían quien sería el elegido, ejerciendo el derecho de Vice-patronato.

El único Arzobispado hasta 1545 fue el de Sevilla. Ese año se crearon los de Santo Domingo, Lima y México.

En 1547 se creó el obispado de Tucumán, en 1570 el de Asunción, y en el año 1620, el de Buenos Aires, que se desprendió del de Asunción. Estaban dirigidos por Obispos, que actuaban como nexo entre el Rey de España y los fieles, para hacerle conocer la situación y las necesidades locales. Todos dependían del Arzobispado de Charcas y poseían Cabildos eclesiásticos, para juzgar a sus miembros y decidir sobre cuestiones de doctrina o culto, y se organizaban en parroquias.

Los Tribunales de la Inquisición, que ya se habían erigido en Europa desde el siglo XIII, y específicamente en España (Sevilla) en 1480, llegaron a América, en el año 1570, y se instalaron en Lima y en México. Un nuevo tribunal se erigió en Cartagena, en el año 1610. Al igual que los otros tribunales de esta especie, tenían como finalidad perseguir a los herejes, y de controlar la moral pública. Censuraban libros y costumbres. Sus procedimientos fueron crueles como todos los tribunales de este tipo, aplicando frecuentemente la tortura y penas graduales que iban desde la multa, pasando por los azotes, la prisión y por último el destierro. No aplicaban la pena de muerte, que en caso de considerarse que correspondía, era ejecutada por los tribunales civiles. De todos modos, no hubo muchos casos de aplicación de esta medida extrema en territorio americano.

Las sentencias de los tribunales eclesiásticos podían ser recurridas ante la Audiencia.

Junto al clero secular al que nos hemos referido, o sea aquellos religiosos que vivían dentro de una determinada sociedad, inmersos en sus problemas cotidianos y organizados jerárquicamente a partir de la autoridad del Papa, llegaron también las órdenes religiosas, cuya actividad se concentró en sus conventos y seguían ciertas reglas (de allí el nombre de regular). Entre estas órdenes que llegaron a América estaban los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los mercedarios, los jerónimos y los agustinos. Más tarde llegó a América la Compañía de Jesús, cuyo fundador fue San Ignacio de Loyola.

Entre los miembros del clero secular se destacó por su misión evangelizadora y en defensa de los naturales, Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, a partir de 1581 y hasta su muerte en 1606. El Tercer Concilio de Lima celebrado entre 1582 y 1583, se debe a sus auspicios, donde se trató de eliminar los abusos sobre los aborígenes, y de estrictas normas de disciplinas que afectaban al clero.

Los conflictos de competencia entre los miembros del clero regular y secular fueron frecuentes, aunque las órdenes religiosas se dedicaron sobre todo a la evangelización de los nativos, y a la función social creando escuelas e instituciones sanitarias.

Los temas de incumbencia de la iglesia fueron, además de la evangelización, que fue su tarea primordial, varios asuntos referentes al estado civil, como llevar el registro de los nacimientos, con sus bautismos correspondientes, los matrimonios y las muertes, lo que se hacía constar en los registros parroquiales.

La enseñanza quedó bajo su autoridad, en todos los niveles (primaria, secundaria y universitaria, fundándose en la América Hispánica un total de 33 universidades). Fundaron también asilos, orfanatos y hospitales.

La dictadura militar más sangrienta que padeció la República Argentina, entre los años 1976 y 1983, dejó un legado de sangre, horror y ansias de justicia. Raúl Alfonsín, el presidente que asumió democráticamente, el 10 de diciembre de 1983, luego de la barbarie, tuvo la misión de hallar la verdad, para que las víctimas del terrorismo de estado pudieran descansar en paz, y sus familias, encontraran el consuelo de la justicia. Fue así que dicho presidente, al quinto día de ocupar el sillón presidencial, firmó el decreto 187, que creaba un organismo de investigación, el 15 de diciembre de 1983, con el objeto de desnudar ese pasado violento, y hallar los rastros de aquellas personas que figuraban como “desaparecidos”, como si alguien pudiera salir de la faz de la tierra, sin responsabilidad para las manos asesinas, que se encargaron de ello.

Esa organización destinada a reunir pruebas para un futuro juicio a los violadores de los más elementales derechos del ser humano, fue la CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas) dependiente del Ministerio del Interior, que nació cuestionada por amplios sectores, y que terminó aplaudida por todos.

En efecto, muchas voces se alzaron contra la formación de esta comisión de notables, ya que sus miembros no pertenecían a la política sino a diversos sectores de la comunidad.

Alfonsín pertenecía al Partido Radical pero la mayoría en el Senado era peronista, y eso les permitió negarse a designar tres legisladores para integrar la comisión. No eran pocos los que sostenían que era más factible el funcionamiento de una comisión bicameral, con miembros de ambas cámaras del Congreso. Incluso las Madres de Plaza de Mayo, el Premio Novel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y organismos de derechos humanos plantearon esta posición, para luego admitir que hubiera sido un error por la demanda de tiempo que hubiera implicado.

Los integrantes de la CONADEP, eran de una moral y reputación incuestionable. Presidida por el periodista Ernesto Sábato, elegido presidente por voto unánime, la componían además. Ricardo Columbres (jurista), Hilario Fernández Long (ingeniero y ex rector de la UBA), René Favaloro (cardiocirujano), Gregorio Klimovsky (cientifico), Marshall Meyer (rabino norteamericano), Jaime de Nevares (obipo de Neuquén), Carlos Gattinoni (pastor metodista), Magdalena Ruiz Guiñazú (periodista) y Eduardo Rabossi (filósofo). También la conformaron tres diputados: Horacio Hugo Huarte, Santiago Marcelino López y Hugo Piucill.

La inauguración de sus sesiones fue el 22 de diciembre de 1983, y la sede se constituyó en el Centro Cultural General San Martín (segundo piso). No asistieron a esa primera reunión, ni el Dr. Favaloro ni Gregorio Klimovsky.

Fue una tarea realizada en el escenario mismo de los hechos, durante nueve meses, recibiendo nueve mil denuncias, escuchando siete mil testimonios, de los cuales mil quinientos correspondieron a sobrevivientes, llegando a reunir un documento incriminatorio, que sirvió para juzgar a los integrantes de la Junta Militar, en cincuenta mil fojas. Fueron registrados ocho mil novecientos sesenta desaparecidos, y se hallaron trescientos ochenta centros clandestinos de detención, siendo los principales la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), La Perla, el Olimpo y Mansión Seré.

El Juicio a las Juntas Militares se llevó a cabo en diciembre de 1985, luego del rechazo de su juzgamiento por un tribunal militar, y estuvo a cargo de la Cámara Federal, y este documento elaborado por la CONADEP, que recibió el título de “Nunca Más”, cuando fue publicado en 1984, sirvió de prueba para su condena, aunque los nombres de los represores, que ascendieron a más de mil trescientos en las denuncias, no fueron jamás publicados, salvo por boca de los encuestados y denunciantes.

Los enjuiciados fueron los nueve integrantes de las tres primeras juntas militares. La última, presidida por el general Bignone, quedó excluida del proceso.

Fueron juzgados por homicidio, secuestro, allanamiento ilegal, torturas, pero no por la desaparición de personas, figura penal desconocida en el mundo entero. La condena afectó a cinco de los nueve procesados.

Luego vinieron la Ley de Punto Final (23 de diciembre de 1986) que limitaba la presentación de causas contra los militares a dos meses, la Ley de Obediencia Debida de junio de 1987, que amparó a quienes habían actuado delictivamente cumpliendo órdenes de sus superiores, y durante el gobierno de Menem, los cuestionados indultos (29 de diciembre de 1990). En 1995 comenzaron en Argentina los juicios por la verdad. En el año 2001, teniendo como antecedente una sentencia de la Cámara Federal de Bahía Blanca, el Juez Federal, Dr. Gabriel Cavallo, declaró en un caso concreto, la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida.

También llamada Guerra o Revolución del 48, ocurrió en 1948 en el mes de marzo.

Antecedentes

Las medidas en beneficio de la clase obrera fueron introducidas en Costa Rica por el Presidente Rafael Calderón Guardia, del Partido Republicano, quien asumió en 1940 apoyado por la oligarquía, a quienes defraudó con estas normas basadas en el nuevo criterio social. El Código de Trabajo es un logro de este período. Por radio, José Figueres Ferrer, del Partido Acción Demócrata, denunció al gobierno de corrupto, el día 8 de julio del año 1942. Ejerciendo sin dudas la censura, el denunciante fue apresado y enviado a México donde sufrió el exilio durante un año.

En 1944, en medio de acusaciones de fraude asumió otro candidato por el Partido Republicano: Teodoro Picado Michalski, quien permitió que la oposición creciera en el Congreso, al garantizar elecciones transparentes en la renovación parcial de ese organismo ocurrida en 1946. Para ese entonces ya estaba de regreso el exiliado José Figueres Ferrer, quien prosiguió con sus agudas acusaciones.

La Guerra Civil

En las elecciones del mes de febrero de 1948, aparentemente el candidato triunfante había sido el de la oposición, en la persona de Otilio Ulate Blanco, por el partido Unión Nacional, quien se había impuesto frente al Partido Republicano. Pero esas elecciones fueron anuladas, argumentando que había sido ilegal el armado de los padrones, valiéndose de la mayoría del oficialismo en el Congreso y el apoyo de los legisladores de ideología comunista, lo que motivó que Figueres Ferrer, liderando el ejército de Liberación Nacional (que reunía al partido Unión Nacional, al Demócrata y al Social Demócrata) se impusieran a las fuerzas oficiales (Partido Republicano Nacional, que encontró apoyo en el Partido Vanguardia Popular de ideología comunista) en poco más de dos meses (desde el 12 de marzo hasta el 19 de abril).

Las consecuencias

Por el pacto Figueres-Ulate el ejército contaba con el plazo de un año y medio para iniciar la reforma del estado y de la sociedad de Costa Rica. La abolición del ejército se produjo el 1 de diciembre de 1948, acto simbolizado por unos mazason ejecutados en el muro del Cuartel Bella Vista, que fue destinado a museo antroplógico.

El gobierno fue asumido por una Junta de Gobierno, al frente de la cual actuaba como presidente Figueres Ferrer, quien instaló un gobierno republicano, conocido como la Segunda República a un siglo de la primera, estableciendo por medio de decretos una democracia sólida, con amplios derechos sociales, manteniéndose los beneficios logrados por los trabajadores en la década de 1940 y con suba de salarios.

La intervención estatal en la economía fue grande, pasando al estado los tres bancos privados existentes.

En el mes de noviembre de 1949, se dictó una Constitución, de carácter presidencialista. El presidente de la república duraría en su cargo cuatro años, sin posibilidad de ser reelegido para el período inmediato posterior. Un Consejo de diez Ministros le brindaría asesoramiento El Poder Legislativo estaba a cargo de una asamblea unicameral, formada por cincuenta y siete diputados. La Constitución prohibía la existencia del ejército. El orden fue puesto a cargo de mil setecientas personas con funciones de policía denominada Guardia Civil.

El Partido Comunista fue declarado ilegal y los opositores políticos fueron condenados al exilio. Calderón se dirigió a nicaragua desde donde realizó en 1955 un intento de golpe de estado, pero fue infructuoso.

Cuando se produjo la conquista del territorio americano, a partir del 12 de octubre de 1492, la mano de obra indígena sometida, fue la utilizada para el duro trabajo en los campos y en las minas. Los aborígenes fueron diezmados por pestes y por el duro trabajo sin descanso, a pesar de que las Leyes de Indias, en teoría, los protegieran.

Al comenzar a escasear estos trabajadores, hubo que recurrir a su reemplazo por otros, igualmente “baratos”, y así se llegó a importar esclavos africanos, Esto fue bien visto por los colonizadores, incluso aquellos más humanitarios, como los evangelizadores que acompañaban la conquista. Entre ellos, Fray Bartolomé de las Casas, que pugnó por el buen trato a los aborígenes, vio en la llegada de los negros, un alivio para los pobladores locales.

Los primeros cuatro mil esclavos arribaron en el año 1518, cuando España autorizó su ingreso por el plazo de ocho años. Además, muchos esclavos ingresaron de modo ilegal. Los primeros asentamientos de esclavos se produjeron en la zona del Caribe. Esta región y la que actualmente es Brasil, no contaban con mano de obra nativa que les permitiera establecer repartimientos o encomiendas, y los aborígenes de Brasil eran en su mayoría (salvo en la región de la isla São Luís do Maranhão) nómades, lo que hacía más difícil su sometimiento en masa.

Los negros, sobre todo los de la región ubicada al sur del desierto de Sahara (zona Subsahariana) en su costa occidental, eran comprados con productos europeos, tales como tabaco, ron y armas, para luego ser trasladados en condiciones infrahumanas hacia América, encadenados y hambrientos, muriendo aproximadamente la mitad de ellos en la travesía. Las riquezas mineras de América y sus materias primas, explotadas por los mismos esclavos, servían de pago a los comerciantes de esclavos (negreros). Esto se llamó comercio triangular (Entre América, Europa y África).

Entre los siglos XV y XVII, los mayores exportadores de esclavos fueron los portugueses, que los traían desde el Congo, lugar próspero al que habían llegado en 1483, y convencido a sus autoridades, de someterse a la protección de la corona portuguesa y aceptar el cristianismo. Muy pronto el reino comenzó a languidecer, explotado por estos extranjeros, que usaron esa zona como fuente de esclavos. A partir del siglo XVII los ingleses, franceses y holandeses ocuparon el primer lugar en el comercio esclavista.

Luego de la Guerra de Sucesión Española (1701-1713) los ingleses, a través de la British South Sea Company lograron monopolizar el comercio de esclavos, que se abrió a todas las naciones en 1789. El número de esclavos que llegaron a América se estima en 14.000.000.

Las duras condiciones a las que eran sometidos, sin ningún derecho, siendo lo más bajo de la pirámide social, utilizados además del trabajo en las plantaciones e ingenios, como personal doméstico y en artesanías,, motivaron varias rebeliones. En Haití lograron, tras comenzar la lucha en 1791, independizarse en 1804.

Ocurrió en el norte chileno, en la ciudad puerto de Iquique, el 21 de diciembre de 1907, durante la presidencia de Pedro Montt que ordenó al ejército la represión de una huelga de empleados del salitre, mineral que se usa como materia prima de la pólvora, y que generaba enormes ganancias a los empresarios ingleses que se encargaban de su explotación, pero que también “explotaban” a sus empleados, que realizaban sus labores en condiciones deplorables, a riesgo de su propia vida. Los mineros reclamaban por las condiciones inhumanas en que desarrollaban su labor, pidiendo que se derogara el uso de fichas, utilizadas como pago, que solo podían canjearse en los comercios de propiedad de sus patrones, de nacionalidad inglesa, un cambio fijo de 18 peñiques en el pago de los jornales, escuelas nocturnas para los obreros, y que se redujeran las horas de trabajo.

Estos mineros, acompañados por sus familias, de origen no solo chileno, sino que también había peruanos y bolivianos, se habían dirigido desde Norte Grande, donde desarrollaban sus labores, a la ciudad, donde acamparon en la plaza Manuel Montt, tomando un grupo la Escuela Santa María, que se hallaba frente a la plaza.
Las autoridades ante el desencadenamiento de los hechos, ordenaron el desplazamiento hacia Iquique de las fuerzas de los regimientos: Esmeralda (Antofagasta) Rancagua y Atacama (Tacna) que servirían de refuerzo a los de Carampangue y Granaderos, que actuaban en el lugar de los hechos.
Eran algo más de 8.000 personas, que habían partido desde la salitrera de Alto San Antonio, habiéndoseles unido luego más trabajadores que apoyaron su reclamo, que al principio fue escuchado por las autoridades locales, que oficiaban de mediadores, pero luego, conminados desde el gobierno nacional, se impuso el estado de sitio, ordenándoles que se concentraran en el Club Hípico. Los obreros no aceptaron esa petición por temor a ser masacrados mientras se dirigían allí pues en el camino se apostaban barcos dotados de cañones. Ante la negativa, comenzó la matanza de hombres, mujeres y niños, que se hallaban en la escuela. Aproximadamente 3.000 de ellos murieron, aunque las cifras no fueron confirmadas, y el gobierno afirmó que fueron 195. La orden partió de Rafael Segundo Sotomayor Gaete, en ejercicio del ministerio del interior, y fue efectivizada por quien estaba al mando de las fuerzas militares, el general Roberto Silva Renard, que ya poseía experiencia en estas cuestiones.

En efecto, actuó como fiscal militar en el año 1903, para juzgar el comportamiento de los militares en la matanza de los obreros que manifestaban en el puerto Valparaíso. Los represores no solo fueron absueltos sino que fueron victimizados.

Fue también Roberto Silva el que actuó con saña contra los huelguistas de la oficina salitrera Chile en 1904, y un año después contra quienes protestaban a causa del impuesto a la carne de origen argentina (mitin de la carne).

Los sobrevivientes de la matanza de la escuela fueron castigados en forma brutal y los muertos fueron enterrados en una fosa común. La escuela desapareció incendiada. El intendente impuso la censura para evitar toda publicación de lo ocurrido.

El informe sobre estos hechos recién fue dado a conocer, el día 7 de noviembre del año 1913, en un informe que presentó una Comisión Oficial, que fue entregado a la Cámara de Diputados.

En 1914, Roberto Silva Renard, fue herido seriamente por el hermano de una de sus víctimas, Antonio Ramón Ramón, conocido anarquista, y que debió solicitar su retiro.

La Cantata de la Santa María de autoría de Luis Advis Vitaglich inmortalizó este penoso suceso, que frenó las luchas obreras en Chile por una década. Recién en 1920 comenzaron las primeras leyes protectoras de los trabajadores.

En 1940 se exhumaron los restos de estas víctimas de la barbarie, sepultándolos en el exterior del Servicio Médico Legal. Al conmemorarse el 100 aniversario, el 21 de diciembre del año 2007, la actual presidente Bachelet, les ofrendó un monumento en el lugar donde se produjo el horror, y allí fueron depositados sus restos, además de declarar ese día como de duelo nacional.