Hispania romana: su administración territorial y su sociedad
Desde el primer momento en que los romanos iniciaron la conquista de la Península Ibérica, se llevó a cabo una división territorial para facilitar la correcta administración de las regiones anexionadas. Y es que ya en tiempos de la República, los romanos desarrollaron una administración territorial fuera de Italia basado en las provincias.
La Península Ibérica no quedó al margen de estas divisiones territoriales. Una vez consumadas las primeras fases de la conquista, la República romana creó dos provincias. La Citerior, que correspondía con la zona levantina peninsular; y la Ulterior (o más lejana a Roma), correspondiente a la actual región andaluza. La primera tuvo su capital en la ciudad de Tarraco (Tarragona), mientras que la segunda se situaba en Corduba (Córdoba). Estas dos provincias se mantendrán hasta la llegada del Imperio.
Con la culminación de la conquista tras el desarrollo de las Guerras Cántabras, el territorio peninsular quedó unificado bajo el poder romano. Las dos provincias republicanas fueron ampliando su territorio, aunque Octavio Augusto llevó a cabo varios cambios. En primer lugar, dividió la Ulterior en dos provincias: la Bética (al sur de la Península, con capital en Corduba) y la Lusitania (la actual Extremadura y parte de Portugal, con capital en Emerita Augusta, Mérida). Por otro lado, la antigua Citerior, que abarcaba el resto de la Península, pasará a denominarse Tarraconense, manteniendo su capital de la época anterior.
Con el paso de los siglos, estas provincias se fueron desmembrando, hasta contabilizarse un total de siete. Las nuevas nacidas de esta división fueron: la Galaecia (la actual Galicia, con capital en Lucus Augusti, Lugo); la Carthaginense (del levante al centro peninsular, con capital en Cartago Nova, Cartagena); la Baleárica (Islas Baleares, con capital en Palma); y la Mauritania-Tingitana (la región del norte de Marruecos, con capital en Tingis, Tánger). Hay que comentar que, aunque esta última provincia se escapa a los límites peninsulares, en los siglos IV y V se consideraba dentro de la administración del territorio.
Las provincias romanas se subdividieron a su vez en unas circunscripciones territoriales menores, llamadas Conventus Iuridicus. También tenían sus propias capitales, aunque de menor importancia que las de provincia. Por último, tenemos que hablar de las ciudades romanas. Las había de dos tipos: municipios y colonias. En ambos casos, la mayor institución correspondía a los duunviros, dos altos magistrados locales, que presidían la asamblea de la ciudad.
En cuanto a la sociedad, tenían cabida en el Imperio los ciudadanos y los que no eran (como sucedía con los esclavos). En el primer caso, existían ciudadanos de dos categorías: latinos y romanos (estos últimos de un status superior). Cada uno de ellos contaba con determinados privilegios sociales y políticos, que los diferenciaba del resto de la población. En la historia de Roma y de la Península Ibérica, existieron dos momentos en los que estas categorías de ciudadanos se generalizaron. En primer lugar, con el edicto de Ciudadanía Latina de Vespasiano (siglo I de nuestra era), que se extendió a las tres provincias de la Península. Posteriormente, el emperador Caracalla (siglo III) redactó el edicto de Ciudadanía Romana en todo el Imperio, por lo que también se vio afectado en sentido positivo este territorio. De esta manera, todos los ciudadanos libres quedaban, en teoría, equiparados en derechos y leyes.
Sin embargo, posteriormente, se produjeron en la zona norte de la Península unos importantes movimientos sociales de levantamientos y protestas, consecuencia de la crisis generalizada del siglo III, y que se prolongaron durante la centuria posterior. Esos movimientos han pasado a la Historia con el nombre de las “vagaudas”. Sin duda, eran un ejemplo de las desigualdades reales (que no de ley) existentes en la Península, y de la escasa romanización que, a pesar de los siglos, se produjo en el norte del territorio.
En definitiva, la Península Ibérica fue una pieza más de todo el tablero mediterráneo que Roma conquistó durante sus años de República e Imperio. Con ello, no quedaba al margen de su administración territorial y social. Un juego legal que, con el tiempo, vio sus limitaciones, traducidas en constantes divisiones de provincias y movimientos sociales en pro de un cambio más justo y real.
