Presidencia de Raúl Alfonsín
La dictadura militar argentina que gobernó durante el período comprendido entre los años 1976-1983, dejó al país sumido en una grave crisis moral, política y económica.
Derrotado en la Guerra de Malvinas, el presidente de facto, Galtieri, fue reemplazado por el General Reynaldo Bignone, pero el destino de los militares en el mando estaba sellado, ante el creciente descontento manifestado por la masa popular.
Una salida digna, para un gobierno ilegítimo, significó la convocatoria a elecciones, para el mes de octubre de 1983.
Con el 52 % de los votos, el radicalismo llegó al poder, con el triunfo de Raúl Ricardo Alfonsín, nacido en la ciudad bonaerense de Chascomús, el 12 de marzo de 1927.
De profesión abogado, ya se había desempeñado en cargos políticos, carrera que inició a partir de 1950, al recibirse de abogado, ingresando al partido Movimiento de Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica Radical, en su ciudad natal, siendo luego diputado nacional y senador por la provincia de Buenos Aires.
Con la asunción de Alfonsín, el peronismo, que pretendía imponer en la presidencia a Ítalo Luder como candidato por el FREJULI, Frente Justicialista de Liberación Nacional, que sumó el 40 % de los votos, sufrió la primera derrota electoral de su historia política, en elecciones libres.
La presidencia de Alfonsín tuvo como principal objetivo, reinaugurar la democracia y la reivindicación de los derechos humanos, avasallados durante la dictadura militar.
A tan solo cinco días de ocupar el poder, el nuevo presidente, firmó el decreto 187, que creó la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) para esclarecer los hechos violatorios a los derechos humanos del gobierno anterior, reuniendo denuncias y pruebas.
El 15 de diciembre de 1983 nació la CONADEP, presidida por el escritor Ernesto Sábato e integrada por notables personalidades de distintos ámbitos de la cultura, por ejemplo, el médico cardiólogo René Favaloro, el abogado Ricardo Colombres, el ingeniero Hilario Fernández Long, el obispo Jaime de Nevares, el pastor Carlos Gattinoni, el rabino norteamericano Marshall Meyer, y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú.
El trabajo de recopilación de información duró nueve meses, donde se reunieron en el propio escenario de los hechos las pruebas suficientes, reunidas en un libro que se llamó “Nunca más” para llevar a juicio a los miembros de la Junta Militar, lo que se produjo en abril de 1985.
Además derogó la “Ley” de auto-amnistía dictada por el gobierno de facto del general Bignone, en vistas a los procesos que se les avecinaban.
Esta prueba de sentido democrático necesitaba demasiada fuerza para seguir adelante, y para evitar tensiones futuras, entre civiles y militares se dictó la ley de Punto Final, que disponía que las citaciones judiciales debían concluir en el término de dos meses, en los cuales se recibieron miles de denuncias.
El sistema democrático se vio amenazado por la rebelión militar carapintada, en la Semana Santa de 1987, como represalia al juicio a los militares, y a pesar de haberse dictado para evitar tales hechos, la Ley de Punto Final.
El movimiento carapintada aludía a los comandos militares que actuaban con ropa de fajina y las caras pintadas, como camuflaje de guerra.
Bajo la conducción de Aldo Rico, los militares, presionaron al gobierno para continuar con la política de olvido a las causas contra los militares, y a pesar de la presión popular, que opinaba lo contrario, se dictó la Ley de Obediencia Debida, por la que se liberó de culpabilidad a aquellos militares, que hubieran actuado en cumplimiento de órdenes dadas por sus superiores.
Estas dos leyes, originaron críticas de organismos de Derechos Humanos, ya que ponían un escollo a la búsqueda de justicia, tan bien iniciada, pero tan mal continuada.
A pesar de las leyes que los beneficiaban, los militares continuaron con sus levantamientos.
Rico, que huyó de prisión, organizó uno en Monte Caseros (enero de 1988) y el coronel Seineldín, en Villa Martelli (diciembre de 1988). El Movimiento Todos por la Patria (MTP), atacó el cuartel de La Tablada, pero fueron violentamente reprimidos.
En política internacional, logró poner fin a los diferendos con Chile por la cuestión Austral, firmando el 23 de enero de 1984, con la mediación papal, de Juan Pablo II, una Declaración Conjunta de Paz y Amistad entre ambos países, comprometiéndose ambos, a buscar soluciones por medios pacíficos.
Para lograr el apoyo popular al laudo arbitral que dictaría la autoridad eclesiástica, Alfonsín convocó a un plebiscito donde el pueblo se manifestó claramente por el sí a la decisión del Papa. El Tratado de Paz y Amistad con Chile, se firmó el 29 de noviembre de 1984.
Durante el gobierno de Alfonsín comenzó a gestarse una integración económica entre los países que en 1991, conformarían el Mercosur. Argentina, Uruguay, Brasil, y Praguay, hicieron la Declaración de Foz de Iguazú, el 30 de noviembre de 1985, antecedente del Tratado de Asunción, que le dio forma definitiva.
Pero fue la economía lo que precipitó la caída de Alfonsín, quien recibió un país que atravesaba una profunda crisis. La inflación, que ya existía, comenzó a acrecentarse, y para luchar contra ella, se lanzó el Plan Austral, en junio de 1985, elaborado por el ministro de economía Juan V. Sourroulle, que al principio pareció tener éxito, pero fue efímero. El plan consistía en crear una nueva moneda, el austral, y efectuar un congelamiento de precios.
Al año siguiente la inflación volvió a dispararse, lo que hizo que el gobierno perdiera credibilidad. Se instrumentaron planes para luchar contra la pobreza que se presentaba como una amenaza, ya que comenzaban a proliferar los saqueos, sobre todo a supermercados. Para ello, se creó el PAN, Plan Alimentario Nacional, que consistía en el reparto de cajas de alimentos entre los más necesitados, con carácter paliativo.
En las elecciones parlamentarias, los peronistas obtuvieron más bancas, mostrando que el radicalismo comenzaba a tambalearse en el poder.
En 1987, se intentó un plan de privatización de empresas públicas y una reducción de la deuda fiscal, plan que naufragó por la negativa de los empresarios y de la oposición peronista.
En 1988, la deuda externa crecía, y hubo que firmar una moratoria. En octubre de ese año, se lanzó un nuevo plan, esta vez, llamado Primavera, con intervención del estado en el mercado cambiario y un acuerdo con comerciantes e industriales para frenar el desmedido aumento de pecios.
En 1989, ya puede hablarse de hiperinflación, con precios incontrolables y salarios que trataban de adecuarse al costo de vida, generando más inflación. El Banco Mundial, se sustrajo de seguir brindando ayudada al alicaído país, la confianza de los operadores cambiarios se disipó, y esa falta de confianza generó la compra de divisas, con el consecuente aumento de su valor.
La situación se desbordaba, su crítica a los sindicatos, que fue una herramienta que le valió la llegada al poder, ya que había denunciado la existencia de un pacto entre esas entidades y los militares, tuvieron como consecuencia que debiera soportar trece paros generales.
En las elecciones presidenciales de mayo de 1989, Carlos Menem llegó al poder, acompañado en la vicepresidencia por Eduardo Duhalde, con el 49 % de los sufragios. Eduardo Angeloz, del radicalismo perdió con 37 % de los votos.
El 8 de julio de 1989, se realizó el traspaso del mando, en forma anticipada, ante la grave situación que vivía la Argentina, que ponía en peligro la continuidad democrática.
