La Restauración Borbónica
En diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos proclamó rey de España a Alfonso XII, en un pronunciamiento que tuvo lugar en Sagunto (Valencia). Se ponía fin de esta manera a un inestable período político que nació en 1868, cuando se destronó a Isabel II, madre del futuro rey. En siete años, se sucedieron, entre otros acontecimientos, el reinado de Amadeo I de Saboya y la I República. Con la actuación de Martínez Campos, volvía a reinar en España la dinastía de los Borbones, esta vez en la persona de un joven rey, en el que se depositaron las esperanzas de un profundo cambio y, sobre todo, de estabilidad.
El llamado Manifiesto de Sandhurst, fechado el 1 de diciembre de 1874 y redactado por Cánovas, fue suscrito por Alfonso en Inglaterra.
En él se proclamaba una monarquía constitucional y conciliadora, garante del orden y las libertades, que preparaba el terreno para la Restauración.
Esa declaración dotó de legitimidad al retorno borbónico antes del pronunciamiento de Sagunto y marcó el programa político del joven rey español.
Desde entonces, la Corona asumiría un papel activo en el llamado turno pacífico, nombrando y cesando gobiernos y pudiendo disolver las Cortes.
La Restauración vino marcada en sus primeros años por el final de la III Guerra Carlista, que tuvo como principales escenarios las provincias vascas y pirenaicas. La derrota del ejército rebelde provocó la abolición de los fueros vascos, lo que llevaría al nacimiento de un fortísimo sentimiento nacionalista en la región.
La Ley de 21 de julio de 1876 suprimió los fueros de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, integrando provincias en el régimen común.
Navarra conservó un estatus singular por su Ley Paccionada de 1841, que fijó un convenio fiscal específico, distinto del resto del Estado.
Para compensar pérdida foral, en 1878 se implantó el Concierto Económico, por el que las diputaciones recaudaban y abonaban cupo al Estado.
Esa solución fiscal, mantenida con reformas, convivió con el nacionalismo vasco, al que la abolición de los fueros dio un impulso definitivo.
El gran protagonista de la Restauración, además de Alfonso XII, fue Antonio Cánovas del Castillo, líder del Partido Conservador. Él fue el artífice de una forma de gobierno, caracterizada principalmente por la alternancia en el poder. Para contentar a liberales y conservadores, Cánovas ideó un sistema para que su partido y el Liberal (encabezado por Práxedes Mateo Sagasta) fueran gobernando por turnos en cada una de distintas legislaturas. Este sistema se denominó el “encasillado”.
El encasillado consistió en la puesta en común del Partido Conservador y el Liberal para repartirse el mapa político español. De esta manera, se ponían de acuerdo para que, en cada elección, la victoria resultara para uno de los partidos. Dividida España en “casillas”, los dos partidos se adjudicaban de antemano la victoria en los distintos distritos electorales. De esta manera, se aseguraban el resultado mucho antes de que las elecciones tuvieran lugar, lo que a día de hoy podría calificarse de auténtico fraude.
Para garantizar los resultados, se recurría a los caciques locales y rurales que abundaban en España. Ellos eran los encargados de manipular las elecciones en sus distritos para que la victoria recayera en el partido de turno. Para ello, se recurrió en numerosas ocasiones al “pucherazo”, con prácticas como las de censar a personas fallecidas o dificultar al máximo el acceso a las urnas para la población.
Pese a ese control local, el gobierno de Sagasta aprobó en 1890 sufragio universal masculino para mayores de veinticinco años, ampliando censo.
La primera convocatoria con ese sistema tuvo lugar en 1891, aunque el pucherazo y el encasillado siguieron condicionando severamente los resultados electorales.
El Ministerio de la Gobernación articulaba candidaturas y, a través de gobernadores civiles, negociaba con caciques y notables la distribución de escaños.
Ese engranaje administrativo permitía fijar de antemano los triunfos por distritos, preservando la alternancia sin eliminar la manipulación que denunciaba la oposición.
La finalidad última de esta cuestión era garantizar la estabilidad política, para que no se produjeran nuevas intentonas republicanas. El consenso entre los dos grandes partidos se vio también en la redacción de una nueva Constitución, en 1876. Será la Carta Magna española que más vigencia tendrá en el tiempo, pues perdurará hasta 1931, cuando se proclame la II República. Ello es resultado de ese consenso y puesta en común de objetivos por parte de liberales y conservadores. Entre los puntos principales de la Constitución de 1876, cabe destacar el gran papel político que tendrá el rey, que además de ser titular del poder ejecutivo, participaba también del legislativo, junto a las Cortes.
Lo que al principio iba a ser un amplio período de estabilidad política pareció tambalearse con la pronta muerte de Alfonso XII, en 1885. Esta circunstancia hizo que su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo, asumiera la Regencia de su hijo menor, el futuro Alfonso XIII. Durante este período se siguió manteniendo la alternancia en el poder entre liberales y conservadores, salpicada con atentados anarquistas, como el que le costó la vida a Canovas del Castillo. Sin embargo, en estos momentos, el principal problema provenía del exterior, de las constantes insurrecciones independentistas de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En 1898, la intervención de Estados Unidos a favor de estos territorios, provocó la pérdida definitiva de las colonias, lo que provocó una gran conmoción entre los españoles.
En 1902, Alfonso XIII asumía la jefatura del Estado hasta 1931. El sistema político de la Restauración estaba ya plenamente consolidado con una nueva generación de políticos. Sin embargo, poco a poco ser iría viendo el desgaste de este “turnismo” de partidos, que desembocaría en un malestar generalizado con los políticos y el propio monarca. El resultado: una dictadura y la proclamación de una nueva república.