El Proceso de Paz en Guatemala
Guatemala se caracterizó por su larga lista de gobernantes dictatoriales, comenzando por Rafael Carrera y Turcios en 1851, quienes ejercieron su mandato dentro de políticas liberales.
En 1944, se produjo la revolución de octubre, donde civiles, y militares disidentes pusieron fin al gobierno de facto de Federico Ponce Vaides, lo que colocó a Guatemala en la nómina de los países democráticos, asumiendo el poder una Junta Provisional Revolucionaria, que en 1945 dio paso a la asunción de un presidente elegido por el voto popular, quien gobernaría hasta 1951. Se trató de Juan José Arévalo, quien fue sucedido por el coronel Jacobo Arbenz. Éste permitió al comunismo una participación clave en el gobierno, y dictó la Ley de Reforma Agraria en 1952, lo que irritó a la burguesía y a la poderosa United Fruit Company. Las compañías fruteras habían apoyado a las dictaduras militares y se habían consolidado en el país.
Esta adhesión a la izquierda, molestó además, a Estados Unidos, quien brindó apoyo al golpe de estado liderado desde Honduras por el Coronel Carlos Castillo Armas, quien tomó la jefatura del país en 1954. Al ser asesinado Castillo, ocupó el mando el general Ydígoras Fuentes, quien sufrió un levantamiento en 1960. Fue sofocado, pero sus participantes iniciaron desde Cuba una lucha denodada contra la dictadura, ayudados por el gobierno cubano. Las fuerzas de izquierda se multiplicaron en el país, organizados en guerrillas, que fueron combatidas sanguinariamente desde el estado.
En 1966 hubo un retorno a la democracia con Julio César Méndez Montenegro, que continuó la lucha contra la guerrilla, que había asesinado a importantes personalidades. Esta crisis interna desembocó en nuevos gobiernos militares que se sucedieron hasta 1982.
En 1982 los distintos sectores de la izquierda guatemalteca se unieron para formar la U.R.N.G (Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca) siendo perseguidos sanguinariamente por el oficialismo.
Ese año, si bien hubo elecciones democráticas asumió Efraín Ríos Montt, candidato respaldado por Estados Unidos, por un golpe militar contra el vencedor proclamado por la voluntad popular, Laugerud García, alegando fraude electoral. Gobernó duramente y antidemocráticamente suspendiendo derechos políticos y combatiendo con saña a los grupos guerrilleros, siendo incluso condenado en su accionar por la Conferencia de Obispos Católicos.
Nada amilanó a Ríos Montt, quien formó para el combate, las patrullas de autodefensa civil, que lograron dar un duro golpe a la guerrilla, que nunca quiso llegar a un acuerdo con Ríos Montt.
En enero de1983, los miembros del Grupo de Contadora, una organización internacional para lograr la pacificación de Centroamérica, se reunieron por iniciativa del gobierno de Panamá, estando compuesto además de por ese país, por México, Colombia y Venezuela. Recibieron el apoyo de la Unión Europea. En la declaración de Lima, firmada por Uruguay, Brasil, argentina y Perú se brindó también respaldo al Grupo Contadora. En septiembre de 1984 todos esos países europeos y americanos se reunieron en San José de Costa Rica, para establecer la política a seguir para la pacificación centroamericana.
Un golpe realizado por sus propios hombres puso fin al despótico gobierno de Montt, asumiendo el líder golpista y Ministro de Defensa en ejercicio, Oscar Mejía Víctores, quien sentó las bases para el dictado de una constitución democrática, sancionada el 30 de mayo de 1985.
El 14 de enero de 1986, asumió el primer presidente designado de acuerdo a sus preceptos: Vinicio Cerezo. Aquí es donde se inician una serie de reformas para garantizar la vigencia de los derechos humanos, en armonía con lo que sucedía a nivel mundial. En su discurso inaugural respaldó al Grupo Contadora. Dictó leyes de amparo, para garantizar los derechos y habeas corpus para proteger a los detenidos ilegales. El 25 de mayo de 1986, los presidentes centroamericanos se reunieron, firmando la declaración de Esquipulas I, para asegurar en estos países una democracia pluralista.
En 1987 creó la Oficina del Procurador de Derechos Humanos. Como resultado de todas estas acciones, el 7 de agosto de 1987 se firmó el Acuerdo de Esquipulas II, por el cual se creó la Comisión Nacional de Reconciliación, que propició el Diálogo Nacional, y permitió a los civiles tomar participación política e iniciar un diálogo constructivo entre el Gobierno y la URNG. Por los acuerdos de Esquipulas se creó el Parlamento Centroamericano, como instancia permanente y democrática. Estas conversaciones permitieron firmar el acuerdo de Oslo, a fines de 1989, por el cual se intentaba terminar con los enfrentamientos internos, solucionando los problemas por medios pacíficos.
Al principio reinó la paz y la prosperidad. Dos intentos de golpes de estado en 1988 y 1989 pudieron ser controlados, ya que la mayoría de los militares se mantenían adeptos al gobierno democrático. Pero al final de su mandato la pobreza comenzó a crecer, y la corrupción se acentuó. Sin embargo las conversaciones pacíficas entre las fuerzas enfrentadas continuaron con normalidad durante 1990.
La Comisión Nacional de Reconciliación organizó una serie de reuniones, como la de El Escorial de carácter interpartidaria, la de Ottawa con los dueños de empresas, la de Quito, con los miembros de la iglesia, la de Metepec con el sindicalismo y la de Atlixco, con los sectores medios de pequeños y medianos empresarios y profesionales independientes.
Lo sucedió Jorge Serrano Elías, en 1991, quien saneó la economía y restableció la paz interna. Durante su gestión se suscribió, actuando como moderador el presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación y bajo la observación de las Naciones Unidas, en abril de 1991, el Acuerdo de México, donde se propugnó la desaparición de las fuerzas guerrilleras previo acuerdo sobre la manera de realizar la democratización del país y el respeto a los derechos humanos, incluyendo preferentemente los de los pueblos aborígenes, y el de aquellos que debieron exiliarse por sus opiniones y accionar político, para volver a reinsertarse en la sociedad guatemalteca. Rever la situación del sector agrario y demás aspectos socio-económicos, dotar al poder civil de los medios adecuados para su fortalecimiento y otorgar el nuevo rol al ejército, como colaborador del gobierno democrático, fueron otros de los puntos acordados. Para ello se resolvió realizar las reformas constitucionales necesarias. La URNG debería ser reconocida como partido político y sentarse las bases para realizar una vez cumplidos estos requisitos, el acuerdo definitivo de paz.
Cuando todo indicaba que el camino comenzaba a transitarse sin tropiezos, se produjo un autogolpe, el 25 de mayo de 1993, cuando el presidente intentó concentrar en sus manos todo el poder del estado, disolviendo los poderes legislativo y judicial. Sin apoyo oficial ni civil, Serrano dejó el poder.
El Procurador de Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, asumió entonces el poder vacante, de acuerdo a los dispuesto constitucionalmente. Exigió la renuncia de los integrantes del Poder Legislativo y de los integrantes de la Corte Suprema, para efectivizar la transparencia en los miembros de esos poderes. A pesar de la resistencia de estos grupos, el 30 de enero de 1994, se aprobaron por referendum reformas constitucionales.
En marzo de 1994 se firmaron acuerdos sobre derechos humanos, con mediación de las Naciones Unidas. En junio de 1994, sobre el restablecimiento de personas desplazadas y sobre esclarecimiento histórico. En marzo de 1995 sobre derechos indígenas.
En 1996 asumió Álvaro Arzú, quien concretó el Acuerdo de paz firme y duradera, firmado en Guatemala, entre el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) el 29 de diciembre de ese año, que expone en sus considerandos, que por medio de este acuerdo “se pone fin a una etapa de más de tres década de enfrentamiento armado”. Entre sus disposiciones se conviene el derecho de los desarraigados por cuestiones políticas de vivir libremente en Guatemala (art.3), el del pueblo guatemalteco a conocer la verdad de lo acaecido durante las sangrientas luchas internas (art.4), la identidad y derechos de los aborígenes (art,5), el desarrollo económico con justicia social (art.6), la inversión prioritaria del gasto público en la solución de problemas sociales (art.7) estableciendo como deber del estado la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población (art.8). Otras cuestiones: El fortalecimiento del poder civil y participación de las fuerzas armadas en un ámbito democrático, reorganizando las instituciones (art.10). La incorporación de la URNG a la vida política está contemplada en el art.11 Y el artículo 13 prevé el perfeccionamiento del sistema electoral.
A este acuerdo fueron anexados todos los suscriptos con anterioridad (art.15). En el artículo 17 se hace un reconocimiento a todos los organismos que posibilitaron llegar a este acuerdo de paz, especialmente a la mediación de las Naciones Unidas.
En 1999 asumió Alfonso Portillo, quien prometió continuar con el proceso de paz. En el año 2004 ocupó el poder Oscar Berger Perdomo. La implementación de los acuerdos se realiza no sin obstáculos. Las fuerzas militares se redujeron, y se cerraron varias zonas bajo su dominio.
