Nació en el Palacio de Versalles, con el título de Conde de Provenza, y le fue asignado el nombre de Luis Estanislao Javier, el día 17 de noviembre del año 1755. Era nieto de Luis XV e hijo del Delfín de Francia, que no llegó a gobernar por haber muerto muy joven, y de María Josefina de Sajonia. A su nacimiento ya tenía tres hermanos mayores, que fueron ocupando sucesivamente el trono, hasta que asumió en 1774, Luis XVI, el anterior a él en la línea sucesoria, quien le dio dos hijos al trono de Francia, desplazando al futuro Luis XVIII. En 1771 contrajo enlace con María Josefa Luisa de Saboya.

Al sobrevenir la Revolución Francesa, no compartió con su hermano, Luis XVI, las ideas de oposición radical a las ideas liberales, aunque igual debió exiliarse en Westfalia en 1791, junto a su otro hermano, dos años menor, el Conde de Artois (que luego le sucedería como Carlos X) desde donde se enteró en 1793, que el rey había sido ejecutado en la guillotina.

Ese año asumió el trono el segundo hijo varón de Luis XVI, de solo 10 años, ya que su hermano mayor había fallecido, siendo su Regente el Conde de Provenza que se encontraba aún en el exilio. El nuevo Rey se hallaba en prisión, de la que nunca fue liberado, y donde falleció el 8 de junio de 1795.

Tras la muerte de su sobrino, el Conde de Provenza se autoproclamó Rey, asumiendo como Luis XVIII, e intentando restaurar la Monarquía en su estado anterior a la Revolución Francesa de 1789, aunque los éxitos de Napoleón, que lo coronaron como emperador del estado francés en 1804, con el apoyo popular, manifestado en un plebiscito, atrasaron esa idea, obligándolo a establecerse en Inglaterra, hasta que con la ayuda de las potencias monárquicas europeas, a quienes les cedió tierras, pudo recuperar el trono, luego de que Napoleón fuera derrotado en 1814.

Asumido el poder real Luis XVIII, reinstaló la dinastía borbónica. Este rey simpático, obeso, culto, con problemas de movilidad, y de vestir cuidado y majestuoso, y que pretendía ejercer el trono de manera moderada, conciliando los intereses de los distintos sectores de Francia, algunos partidarios de las ideas liberales (burgueses e intelectuales) y otros, los nobles ultramonárquicos, que habían regresado a Francia, luego de su exilio durante la Revolución Francesa. El que fuera ministro de Napoleón Bonaparte, y en 1809 acusado por éste de traición, Charles Talleyrand, y sus allegados, impusieron al nuevo Rey como condición para aceptarlo que dictara la Carta de 1814, por la cual se reconocía la creación de un Poder Legislativo compuesto por dos Cámaras, una electiva, con escaso poder, denominada Cámara de Diputados, y otra hereditaria en parte, y en otra parte nominativa, llamada, Cámara de los Pares, que limitarían el poder real, dando nacimiento a una Monarquía Constitucional.

Napoleón escapó de la isla de Elba donde se hallaba detenido, regresó a Francia, y Luis XVIII, debió exiliarse en Gante (Bélgica) abandonando París.

Luego de que Napoleón fuera derrotado en Waterloo, tras el gobierno de los Cien Días, por los ejércitos del Reino Unido, Prusia y los Países Bajos, en el año 1815, Luis XVIII volvió a ocupar el trono francés, comenzando una Segunda Restauración Monárquica, que tuvo un carácter extremista, sobre todo en el sur de Francia, donde a pesar de la oposición real, que quería establecer un gobierno moderado al igual que los ministros Talleyrand, Richelieu y Decazes, los partidarios de la monarquía asesinaron a los que habían sido aliados del gobierno napoleónico.

Estos partidarios de la monarquía a ultranza ganaron las elecciones parlamentarias en 1815, pero Richelieu, ante la intransigencia de los mismos, decidió disolver el Parlamento, y lograr que los liberales integraran ese cuerpo legislativo en 1816.

En 1820 fue asesinado el duque de Berry, hijo del Conde de Artois, sobrino de Luis XVIII, y los conservadores monárquicos accedieron otra vez al Parlamento, impidiendo que el pueblo recobrara los derechos por los que había bregado la Revolución Francesa.

En 1823, Luis XVIII, apodado “El Deseado” envió a los Cien Mil Hijos de San Luis, a España, para reinstalar en el trono a Fernando VII.

Tras la muerte del monarca, Luis XVIII, acaecida el 16 de septiembre de 1824, le sucedió bajo el nombre de Carlos X, su hermano, el Conde de Artois, quien ejerció un reinado conservador y antipopular, que desencadenó la revolución de 1830, que terminó con la dinastía borbónica en Francia, naciendo como forma de gobierno una Monarquía Constitucional moderada.

El bien común, entendido “común”, como susceptible de ser gozado por todos y cada uno, de los miembros del cuerpo social, sin privilegios de clase, como idea, fue ya sustentada por Platón como objetivo del gobernante, ese ser sabio, guardián del estado, capaz de distribuir equitativamente lo que a cada uno le corresponde, como individuo, que desarrolla su vida dentro de la polis, a la que está intrínsecamente unido, tendiendo al bien de todos que es mucho más que la suma de los bienes personales.

El gobernante no debe aspirar a riquezas personales, ni al beneficio de algunos, sino al de la totalidad. Como dato curioso, Platón distingue la moral del gobernante como persona que debe ser intachable, y la moral del política, que puede utilizar ciertos medios que no son aceptables en el plano personal, como mentir, si es por el bien de todos. Aristóteles desarrolló más aún esta idea, entendiendo ese fin del bien de todos, como una virtud.

Los romanos distinguieron entre las cosas extrapatrimoniales, aquellas que eran comunes a toda la humanidad, como el aire o el agua corriente, y las cosas públicas, que pertenecían al pueblo romano, como algo distinto de los individuos que lo componen, y esas cosas como bienes sujetos al goce popular. Cicerón, consideró a los hombres como iguales, aunque desde una visión aristocrática

La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino (1225-1274) vuelve a poner ese concepto en consideración, cuando afirma que el objetivo de las leyes es el bien común, objetivo de todo gobierno, que es el bien de todos, como medio para lograr el fin último, que es la gracia de Dios.

En el siglo XVI, Erasmo de Rotterdam (1466-1536) se destacó como pacifista, considerando que la única guerra justa era la que se hacía en legítima defensa, no cuando se inicia el ataque, ya que esto no sería para el bien común, criticando a Maquiavelo en su particular visión del bien común.

En efecto, sostuvo Maquivelo (1467-1527), en su obra “El Príncipe” donde analiza la realidad política de los estados en su evolución histórica, que el bien común era el bien del estado, representado en el príncipe, al que se subordinan todos los bienes individuales. Conviene sin embargo, al príncipe tender al bien de todos para sostener su poder, pero sin ser magnánimo. Al príncipe se lo debe respetar e incluso temer, aunque no en la extrema medida que se llegue a despreciarlo. Vemos que Maquiavelo también necesita lograr el bien común como objetivo del estado, pero con una finalidad práctica, y no moral. El Príncipe necesita consenso para , mantenerse en el poder, pero ese bien común, se logra a costa de cualquier medio, incluso, a costa de ciertos individuos.

En 1516, Tomás Moro escribe la “Utopía”, donde habla de un bien común que trasciende a los pueblos particulares, para lograr un orden jurídico de toda la humanidad, en vistas a su bien común, como un derecho natural vigente y justo.

La Iglesia católica, a partir de la encíclica, Rerum Novarum (1891) ha incorporado ese concepto, bregando por mayor solidaridad con respecto a los más necesitados, reconociendo a los obreros el aporte que al bien común, realizan con su trabajo, por lo cual sus necesidades básicas deben ser satisfechas, con la colaboración de todos los ciudadanos.

El filósofo católico Jacques Maritain, (1882-1973) expuso en su obra “La persona humana y el bien común” al bien común, como lo que trasciende al bien particular de cada uno, que debe tender al bien del conjunto social, y al mismo tiempo, al desarrollo individual, no solo material sino fundamentalmente moral. El hombre, individuo en su materia, y persona en su espíritu, se realiza en plenitud dentro de la sociedad, y para aportar a la sociedad. Hay una interdependencia recíproca entre persona y estado, por la cual el hombre engrandece al cuerpo social, y a su vez él crece en su dimensión personal, en vistas a su trascendencia. La autoridad a través de leyes justas (las injustas no serían leyes) debe redistribuir los bienes sociales, respetando los derechos de cada uno, en beneficio de las personas, tendiendo a su perfección y asegurando su protección desde el estado.

A fines del siglo XVIII Immanuel Kant, intenta crear una ética universal, estableciendo un deber moral que pueda aplicarse en cualquier tiempo y lugar, creando su imperativo categórico, poniendo como máxima a realizar: “obrar de tal modo que puedas querer que tus actos puedan ser ley para todos”. Así el obrar bien se convierte en un deber, no solo para cada persona en particular, sino aún para el estado. Un estado es justo para Kant, cuando sus leyes establezcan a los ciudadanos obrar bien como deber.

El excesivo individualismo de nuestra era, no debe hacernos perder el punto de vista de que la propiedad cumple una función social, y que el bien de todos es mucho más que unos pocos puedan acceder a la gran cantidad de bienes de consumo y adelantos tecnológicos, dejando a otros en la pobreza y en la marginalidad.

Entre las formas de gobierno, una característica de los sistemas democráticos es la división de poderes, cuyo fundamento se halla en la teoría elaborada por Montesquieu, en su obra “El espíritu de las leyes” en el siglo XVIII, inspirada en el gobierno inglés, donde sienta la tesis de que concentrar todos los poderes en una misma persona, lo torna omnipotente, y es necesario el control del ejercicio de su mandato, ya que según su opinión todo el que detenta el poder tiende a abusar del mismo.

Tiene como antecedente remoto de su pensamiento, la obra de Aristóteles, en el siglo IV a . C. quien en su “Política” ya había expuesto la necesidad de dividir las funciones entre los órganos deliberativos, administrativos y de justicia, aunque sin hablar de recíproco control entre ellos, para garantizar la libertad individual, frente al abuso del poder.

Otro aporte a su pensamiento más inmediato, es el que realiza John Locke (siglo XVII) quien distingue entre Poder Legislativo (el de mayor poder, con el límite del respeto a la ley natural) Poder Ejecutivo (que cumple los mandatos del legislativo y aplica las leyes, incluyendo la función judicial dentro de este poder) y el Poder Federativo (encargado de las relaciones exteriores y la seguridad).

Así Montesquieu, vuelve a hablar de separación de poderes, pero aunque fue el ideólogo de la Revolución Francesa, que consagró el sistema democrático, él no radica la soberanía en la totalidad del pueblo. Distingue entre gobiernos republicanos y monárquicos. En los primeros el pueblo ejerce la soberanía, si es todo el pueblo en su conjunto, es una República Democrática pero si solo es ejercida por los mejores es una República Aristocrática. La otra forma de gobierno es la Monarquía, o poder de uno solo, que según Montesquieu, degenera habitualmente en despotismo por abuso de poder, como ocurría en Europa en ese tiempo, donde los monarcas absolutos concentraban todo el poder, argumentando como fuente de legitimidad que se lo había entregado Dios.

No era partidario de un sistema republicano, sino de las Monarquías Parlamentarias, que combinan, según su opinión lo mejor de ambas formas de gobierno, opción que eligieron los girondinos, dentro de los dos grupos que conformaron la Asamblea Nacional, durante la Revolución Francesa.

Esos poderes los denomina: Poder Legislativo, el que hace las leyes por un tiempo, o a perpetuidad y corrige las que están hechas o las deroga, cuando ya son inútiles. El Poder Ejecutivo es el que decide en las relaciones exteriores, la paz o la guerra, se ocupa de la seguridad territorial, y de las relaciones exteriores enviando o recibiendo embajadores. El Poder Judicial es el que se ocupa de dirimir conflictos entre particulares y castigar los delitos. Estos poderes deben conservar su independencia, para ejercer recíproco control, y estarán obligados a actuar de común acuerdo, limitándose en casos de abuso, al resolver los problemas que se produzcan en el curso normal de los hechos.

En Inglaterra, estado que tomó como modelo de gobierno, que había establecido una Monarquía Parlamentaria, las funciones estaban distribuidas de la siguiente manera: El Poder Ejecutivo, a cargo del Rey, el Legislativo, depositado en el Parlamento (el que poseía el mayor poder) y el Judicial en la Corte inglesa.

Una nueva elaboración de esta teoría la realiza Emmanuel Sieyès, en plena Revolución Francesa. La forma de gobierno propiciada por Montesquieu es la base del estado liberal, con preferencia de la clase burguesa, y aristocrática. Sieyès, expuso en su obra, publicada en 1789, las bases para la constitución del Estado Social de Derecho, donde la soberanía va a residir en la voluntad de la mayoría popular, desapareciendo el poder de las oligarquías y extendiendo la participación popular en el sufragio. En la división de poderes va a existir mayor colaboración, además del control, y el Poder Legislativo deja de tener preeminencia, estando limitado por la Constitución, ley suprema en la jerarquía de las leyes.

El pueblo aparece ahora como depositario del poder constituyente, que aprueba la norma suprema constitucional y elige a los gobernantes, que ejercen los poderes constituidos, por su mandato.

Concepto

Es un sistema económico, que se manifestó en Europa a partir del siglo XVI, para tomar gran auge luego de la Revolución Industrial (mediados del siglo XVIII) y extenderse luego a nivel mundial. Como su propio nombre lo indica, privilegia la acumulación de bienes (como cosas susceptibles de apreciación en dinero) y su inversión productiva, como fundamental motor de la economía.

Para Werner Sombart, sociológico y economista de origen alemán (1863-1941) se caracteriza el espíritu capitalista, por su ansia aventurero, por la idea del riesgo, que lleva al hombre capitalista, a ansiar el fin de lucro, más allá de la ganancia normal.

Otros autores, consideran que una economía puede llamarse capitalista, cuando trasciende el ámbito local, utilizándose el dinero para el intercambio. Por eso no hubo capitalismo en la Edad Media, caracterizada por la ausencia de intercambio comercial entre reinos, y basada la riqueza en la propiedad de la tierra y no en el dinero, salvo hacia fines de ese período en que comienza la transición hacia el capitalismo.

Los que avalan al capitalismo como sistema económico, sostienen que en la producción de bienes, el factor más importante es el capital, ya que gracias a él, se podrán instalar las fábricas, comprar las máquinas y abonarles el salario a los obreros.

En contraposición a esta afirmación, Carlos Marx, se opuso al capitalismo, elaborando su teoría socialista. Según Marx, los capitalistas, dueños del capital, representado en la propiedad de las fábricas, sus máquinas, y el dinero acumulado, son minoría en una sociedad, y son los que obtienen las ganancias (diferencia entre los costos de producción y de venta del producto) merced a la explotación de los obreros que trabajan para ellos, considerados ese trabajo como una mercancía que puede comprarse y venderse.

Evolución histórica

Ya dijimos que el capitalismo tiene profunda conexión con el desarrollo del comercio, que comenzó en el continente europeo, a partir del siglo XIII, con el consiguiente proceso de urbanización (traslado del campo a las ciudades) y el aumento poblacional.

Durante el siglo XV, se produjo con la expansión ultramarina europea, el descubrimiento de América, lo que contribuyó a fomentar la actividad comercial, y a acrecentar a riqueza de aquellos que se dedicaban a esta tarea de intercambio, ahora favorecida por la abundante riqueza en metales preciosos, hallados en el nuevo continente.

Dejó de utilizarse el trueque para los intercambios comerciales, generalizándose a partir del siglo XVI, el uso del dinero, medida simbólica representativa de valor, que podía asignar a los productos un valor de intercambio más real, y que cada estado podía emitir, según su respaldo en oro.

Con la actividad comercial, surgió una clase social vinculada a ella, la de los burgueses, llamada así porque sus miembros residían en los burgos o ciudades, dedicándose a tareas vinculadas con el comercio, o las financieras.
Esto se vio favorecido por el auge de la teoría económica mercantilista, que sostenía que cuanto más metales acumule un estado, más rico sería.

Pero sin lugar a dudas el despegue del capitalismo, fue durante la Revolución Industrial, hacia 1750, cuando con el desarrollo tecnológico, proliferaron las fábricas, que permitían producir las manufacturas (transformación de la materia prima en un producto elaborado (por ejemplo, hacer del cuero, zapatos) en serie.

Producir en serie significa que a través de las máquinas podían fabricarse muchos más productos, y a menor costo, que con el trabajo hecho a mano, o sea, artesanalmente.

A partir de esta etapa el precio fijo, establecido por los gremios de artesanos, va a reemplazarse por el valor del mercado, establecido por las leyes de la oferta y la demanda. (A mayor demanda y poca oferta el precio sube, y a menor demanda y mucha oferta, el precio baja) sin regulación estatal en el control de precios.

En este período el capitalismo agrega entonces, un nuevo elemento entre sus características, ya que será un capitalismo liberal, entendiendo el liberalismo económico como aquella teoría elaborada por Adam Smith (1723-1790), que sostenía que el intercambio comercial debía hacerse libremente, sin intervención estatal. Para él la diferencia en la distribución de la riqueza seguía un orden natural, ya que era más importante el capital, que el trabajo obrero, porque él permitía pagar los costos de producción y generar empleo, y por eso creía lógico que los capitalistas se enriquecieran con su actividad.

A partir de 1850, ocurre la Segunda Revolución Industrial, con nuevos inventos, y la aparición de otras fuentes de energía (carbón y electricidad), donde se agregan al capitalismo nuevos medios para la producción y circulación monetaria. Las empresas debieron recurrir al uso del capital financiero, a través de préstamos en Bancos, para poder acceder a las nuevas demandas de producción, modernizando maquinarias e incorporando nuevas. En esta época comienza a notarse la concentración de industrias para controlar el mercado, limitando la competencia libre, y por lo tanto poniendo un escollo a la ley de oferta y demanda competitiva, que tendía a regular los precios. Si una misma empresa domina el mercado, será más fácil establecer el precio a su antojo, sin que tener que competir con otras del rubro.

Para lograr nuevos mercados para los productos, y obtención de materias primas, los europeos se lanzaron a la colonización de África y un sector de Asia.

Luego de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, logró hegemonía entre los países capitalistas, por su gran poder económico, hasta que la gran crisis mundial de 1929, significó un gran revés para la economía capitalista, originada por el exceso de producción y la caída de las acciones en la bolsa.

Luego de esta crisis, surgió un nuevo capitalismo, denominado neocapitalismo, donde se dejó de lado el liberalismo, para permitir la intervención del estado en la economía, asegurando a toda la población los ingresos mínimos necesarios.

Se produjo una reactivación económica, por ejemplo, a través del plan Marshall, que permitió la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, pero aseguró la cada vez más indiscutible preeminencia de Estados Unidos sobre el resto del mundo occidental capitalista.

Sobrevino el Estado de Bienestar, donde el estado se preocupó por que todos tuvieran acceso a los servicios básicos de educación, empleo, justicia, seguridad y salud.

El año 1970 deparó una nueva crisis, desencadenada por el aumento del precio del petróleo. Los estados dejaron de amparar a la población para hacer frente a las deudas que castigaban sus economías, pues la producción se había detenido, y el aumento de precios era incontenible, mientras crecía a la par, el desempleo.

Desde esa época el mundo capitalista debe enfrentar progresos y recesos, en períodos cíclicos de bonanzas y crisis, donde el estado de bienestar ya no puede hacer frente a las demandas sociales, castigado por sus presupuestos deficitarios, produciendo una polarización cada más aguda entre ricos y pobres, a nivel interno e internacional, con acceso a las nuevas tecnologías y avances científicos, solo para unos pocos, en un mundo cada vez más globalizado, pero poco solidario.

Según la clasificación aristotélica de las formas de gobierno, la Monarquía sería una de sus formas puras, donde el gobierno se ejerce por medio de una sola persona, que detenta el poder hasta su muerte, y que en general, es transmisible por vía hereditaria.

Representó la primera forma de organización del poder, ya que desde los antiguos egipcios, que consideraron al gobernante como un ser divino, hasta los soberanos absolutos de la Edad Moderna, que justificaron que Dios les había atribuido su poder, mantuvieron una continuidad histórica, desde la antigüedad hasta el advenimiento de la Edad Contemporánea, y aún subsiste, aunque con otras características, en muchos estados europeos.

La primera señal del poder parlamentario sobre el real, se produjo en Inglaterra, donde Carlos I, en el año 1629, decidió fortalecer su mando, disolviendo el Parlamento, olvidando que este organismo era necesario por su gran influencia y poder.

Ante la necesidad de fondos, el Rey resolvió en 1640, volver a restaurarlo para solicitarle su colaboración económica. El Parlamento se rehusó a brindar ayuda, si antes el Rey no le concedía al Cuerpo Legislativo, importantes atribuciones, como el nombramiento de altos funcionarios, el establecimiento de impuestos y la supervisión del ejército, además de negarle derecho al monarca de disolver en el futuro el Parlamento. Esto le pareció a Carlos I un atropello a su investidura, y así monárquicos y parlamentarios (dirigidos por Cromwell) se enfrentaron, en la llamada Revolución Inglesa, triunfando los últimos, y estableciendo un gobierno republicano, que aunque no duró mucho tiempo, sirvió para que la nueva monarquía que se estableció en 1660, no pudiera gobernar a su antojo, sino teniendo en cuenta los intereses de los sectores sociales más influyentes, que el Parlamento representaba: la naciente burguesía.

En 1660, Carlos II volvió a restablecer la Monarquía. Fue sucedido por Jacobo II, en 1685, quien se enfrentó al Parlamento, sobre todo, por razones religiosas, estallando la llamada “Revolución Gloriosa”, inspirada en la ideas liberales de John Locke, que obligó a Jacobo II, a exiliase en Francia. A partir de entonces, la Monarquía Parlamentaria fue adoptada en Inglaterra.

La Monarquía Parlamentaria actual, sigue este mismo lineamiento. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tiene como forma de gobierno una Monarquía Parlamentaria, sin Constitución, y cuyas instituciones de gobierno están constituidas por: el Rey, el Parlamento, el Gabinete Ministerial, y el Consejo Privado.

El Rey es el Jefe del Estado, y su máximo representante político, pero la Jefatura de Gobierno está a cargo de un Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo, queda en manos del Parlamento, que limitan de manera contundente el poder del Rey, quien en muchos casos, debe someterse a las decisiones del cuerpo legislativo, real depositario de la soberanía del pueblo, en países que se consideran monárquicos, pero democráticos. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo presentan al Monarca, sus leyes y decretos, respectivamente, para ser por él refrendados.

Debe distinguirse las Monarquías Parlamentarias, donde el poder reside en la voluntad popular, de las Monarquías Constitucionales, como las de Noruega, Suecia o Dinamarca, donde el Rey no es una figura solo representativa, sino que conserva el poder real y efectivo, delegando derechos al pueblo, a través de las normas legales, emanadas de una norma jerárquicamente suprema, que es la Constitución.

El 6 de diciembre de 1978, España adoptó constitucionalmente como forma de gobierno una Monarquía Parlamentaria, donde el Rey es el Jefe del Estado y también conserva el mando supremo de las Fuerzas Armadas. El Parlamento está integrado por las Cortes, y tanto este organismo como el de Jefe de Gobierno, son cargos electivos. La institución monárquica continúa siendo hereditaria, y el rey no responde por su accionar, lo que es cuestionado por algunos políticos y doctrinarios, como incompatible con los sistemas democráticos. Sin embargo la imposición de la figura del Rey como simbólica, y el poco margen de actuación política que posee, hacen que la ausencia de su responsabilidad se compense con la que sí poseen quienes detentan los otros poderes, que son los que realmente están encargados de la toma de decisiones.

Bélgica y Mónaco, también son monarquías parlamentarias, pero, la de Lesoto (al sur de África) y sobre todo, las constituciones de Suecia y Japón limitan aún más los poderes del rey, dando sentido real a la expresión de Adolphe Thiers: “El rey reina, pero no gobierna”.